Son frecuentes los conflictos que se derivan en recursos jurisdiccionales, en los que se cuestionan los trazados de las líneas eléctricas por parte de los particulares afectados.

Al respecto, de la doctrina de los tribunales y concretamente del Tribunal Supremo en relación con esta cuestión podemos citar la sentencia del TS 1367/2016, de 16 de abril (núm. de recurso 318/2014), que aborda dos cuestiones controvertidas: a ) la posibilidad de discutir el trazado de una línea eléctrica con motivo de la aprobación de su utilidad pública y la necesidad de ocupación y b) la existencia de trazados alternativos más ventajosos al propuesto por el promotor de la red que se proyecta construir .

En el supuesto analizado en dicha sentencia, uno de los propietarios afectados cuestiona el trazado elegido por la empresa distribuidora, aceptado por la administración autonómica. El propietario afectado aporta tanto en vía administrativa como en el proceso judicial una serie de informes técnicos con los que trata de demostrar la existencia de trazados alternativos más adecuados que el propuesto por la empresa distribuidora.

Y el Tribunal Supremo le da la razón revocando la sentencia de instancia, que sostenía que el particular afectado por el trazado de una línea eléctrica no puede, con motivo de la resolución administrativa que aprueba la declaración de utilidad pública y la necesidad de empleo de sus terrenos, cuestionar el trazado elegido proponiendo un trazado alternativo menos lesivo para él. El Tribunal de instancia argumentaba que el afectado por el trazado de la línea eléctrica debía haberle cuestionado con motivo de la aprobación del proyecto, que se produjo con anterioridad a declaración de utilidad pública y de la necesidad de empleo.

Pues bien, el Tribunal Supremo en la citada sentencia 1367/2016, de 16 de abril (núm. de recurso 318/2014), rechaza ese razonamiento que impide discutir el trazado de una línea eléctrica, con motivo de la aprobación de su utilidad pública y la necesidad de empleo, concluyendo que el particular afectado puede cuestionar el trazado en una fase posterior a las alegaciones al proyecto, y el a la vista de las alegaciones formuladas, concluye que existía una alternativa menos perjudicial para los afectados que transcurre a escasos metros del trazado aprobado y sin que dicho trazado alternativo suponga un coste superior al inicialmente aprobado.

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Marc Cervós Escribà
Abogado del Departamento de Derecho Público de Cudós Consultors