En la práctica tributaria es habitual que, después de impugnar una liquidación en vía administrativa, la Administración continúe la recaudación por vía ejecutiva y dicte una providencia de apremio (con el recargo correspondiente), basándose en el principio general de ejecutividad de los actos administrativos.

Ahora bien, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 586/2020, de 28 de mayo de 2020, es clara: no se puede dictar una providencia de apremio mientras no se haya resuelto expresamente el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación que se pretende ejecutar, incluso si el ciudadano no ha solicitado su suspensión. En otras palabras: primero debe cumplirse el deber legal de resolver; después, si procede, ejecutar.

El Tribunal Supremo recuerda tres cuestiones esenciales:

• El principio de ejecutividad de los actos administrativos no es absoluto: mientras el recurso esté pendiente de resolución expresa, no se puede ejecutar la liquidación.
• El silencio administrativo es una ficción legal destinada a permitir al ciudadano la posibilidad de impugnar cuando la Administración incumple su deber de resolver, pero no legitima a la Administración para ejecutar como si ya hubiera dictado una resolución expresa, sobre todo cuando la decisión sobre el fondo (la conformidad a derecho de la liquidación) puede alterar completamente el resultado.
• La Administración no puede beneficiarse de su propio incumplimiento.

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Nerea Vila Vicente
Abogada del Departamento de Derecho Público de Cudós Consultors.