Este 13 de marzo entrará en vigor la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como la «Ley Whistleblowing».

Su objetivo principal es establecer normas y procedimientos para proteger a las personas que informen sobre infracciones de derecho de la Unión Europea o sobre infracciones penales o administrativas cometidas en el contexto laboral, como pueden ser conductas y acciones inmorales o ilegales para el desempeño del trabajo, gestión inadecuada o lucrativa de los recursos empresariales, robos, acoso laboral y/o sexual, tratos discriminatorios o tráfico de influencias, mal uso de información clasificada, fraudes y corruptelas, etc.

Esta finalidad se lleva a cabo, por una parte, garantizando la protección de los informantes frente a posibles represalias y, por otra parte, estableciendo la obligación de disponer de sistemas internos de información (canales de denuncia), así como creando un canal externo de información y una autoridad administrativa independiente encargada de su gestión.

Habilitar este canal de denuncias es de obligado cumplimiento para cualquier empresa pública o privada con más de 50 trabajadores y para las entidades públicas de menos de 50 trabajadores que pertenezcan a municipios de más de 10.000 hab.

El incumplimiento de esta ley comporta la imposición de multas que pueden oscilar desde los 1.001 hasta los 300.000 euros si los infractores son personas físicas, y desde los 100.000 euros a 1.000.000 euros si los infractores son personas jurídicas. También se contempla la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años y la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de 3 años.

Si tiene interés en ampliar la información respecto a la aplicación de esta nueva ley, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho y le asesoraremos con la máxima seguridad y garantía.

Sonia Núñez González
Abogada de Cudós Consultores