Desde abril de 2025, antes de interponer una demanda judicial, es obligatorio intentar una solución extrajudicial mediante los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias).

Los MASC son mecanismos para resolver conflictos sin litigio, ya sea mediante la negociación directa entre las partes o con la ayuda de una tercera persona neutral. El objetivo es facilitar un acuerdo antes de activar el procedimiento judicial y, de este modo, reducir costes y plazos.

Entre los MASC encontramos la mediación, la conciliación, el derecho colaborativo, la oferta vinculante confidencial, la opinión de una persona experta independiente y la negociación.

La responsabilidad del administrador se articula, principalmente, en dos vías. Por un lado, la responsabilidad por daños, que puede surgir cuando el administrador, mediante un acto o una omisión ilícita, causa un perjuicio. En estos casos, es necesario acreditar una conducta contraria a la ley o a los estatutos, o un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; que dicha conducta es imputable por dolo o culpa, y que existe un nexo causal con el daño. Por otro lado, la responsabilidad por deudas sociales puede aparecer cuando la sociedad se encuentra en causa de disolución y el administrador incumple los deberes legales de actuar dentro del plazo, promoviendo la disolución, la remoción de la causa o, en su caso, activando los mecanismos de insolvencia.

Cuando una pyme o cualquier persona decide interponer una demanda —por ejemplo, contra un administrador por responsabilidad por daños— es imprescindible acreditar adecuadamente el cumplimiento previo de un MASC. En este nuevo marco normativo, los MASC no son solo una opción, sino un requisito de procedibilidad. Esto implica que su omisión puede comportar la inadmisión de la demanda judicial.

Este requisito es plenamente aplicable a las acciones de responsabilidad contra administradores y obliga a demostrar que se ha intentado resolver el conflicto por vía extrajudicial antes de acudir a los juzgados civiles o mercantiles. Los MASC pueden culminar en acuerdos siempre que no sean contrarios a la ley, la buena fe o el orden público. En el ámbito mercantil, esto implica que no se pueden pactar soluciones que vulneren normas imperativas del derecho societario.

Para muchas pymes, la vía más operativa es documentar un intento de negociación de manera sencilla y trazable. En determinadas reclamaciones contra administradores, la jurisprudencia ha considerado cumplido el requisito de intento previo con el envío de un burofax a la sociedad deudora y a su administrador, al domicilio que constaba en el contrato, reclamando el pago y ofreciendo negociar. En este sentido, se ha considerado suficiente acreditar el envío y la oportunidad de acceso al contenido, incluso cuando no se ha producido la entrega efectiva después de varios intentos infructuosos.

En conclusión, antes de plantear una acción contra un administrador, una pyme debe ordenar su estrategia en dos ejes clave: identificar correctamente si se trata de una acción por daños o por deudas, y preparar una actividad negociadora previa que sea trazable y debidamente acreditable.