El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) confirmó la condena al Servicio Extremeño de Salud (SES) a indemnizar con 40.000 euros, en concepto de responsabilidad patrimonial, a una mujer que sufrió una trombosis a consecuencia de inocularse contra el COVID-19 con la vacuna Janssen.

El tribunal consideró que la vacunación contra el Covid-19 tenía una finalidad protectora colectiva, con el objetivo de frenar la propagación del virus. Por ello, a pesar de considerar que no se produjo una mala praxis ni una infracción de la lex artis ad hoc, la Sentencia afirma la existencia de responsabilidad patrimonial en base al principio de solidaridad, dado que es la sociedad en su conjunto, representada por la Administración, la que debe asumir los daños que puedan derivarse de la vacunación. Este principio, que ya se ha aplicado en otros casos de vacunación obligatoria o altamente recomendada, comporta que los daños derivados de estos procedimientos sean indemnizados por los beneficios colectivos que producen.

Sin embargo, el TSJ de Extremadura ha determinado que, en situaciones de elevado riesgo, como la vacunación masiva en una pandemia, quien crea el riesgo debe asumir la responsabilidad de los daños ocasionados. En este caso, la Administración promovió activamente la vacunación, incluso dificultando actividades para aquellos que no se vacunaran, creando así una situación en la que los ciudadanos asumieron el riesgo de posibles efectos adversos. La creación de ese riesgo justifica la indemnización a los perjudicados.

Por último, la resolución remarca que, de no indemnizar a los ciudadanos perjudicados por efectos adversos de la vacunación, se rompería el principio de igualdad en el levantamiento de las cargas públicas. Todos los ciudadanos vacunados contribuyeron al control de la pandemia, por lo que es justo que la sociedad, a través de la Administración, asuma las consecuencias adversas sufridas por unos pocos.

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Nerea Villa Vicente
Asesora jurídica del Departamento de Derecho Público de Cudós Consultors.