La regularización extraordinaria de personas extranjeras en 2026 constituye una de las medidas migratorias más importantes de los últimos años en España. Aprobada a través de Real Decreto, permite a personas en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional tener acceso a una autorización de residencia y trabajo con una duración inicial de un año, siempre que se acredite haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, una permanencia mínima de cinco meses y carecer de antecedentes penales.

El plazo de solicitudes se abrió el 16 de abril de 2026 y finalizará el 30 de junio, pudiéndose presentar tanto por vía telemática como de forma presencial a través de cita previa. Uno de los aspectos claves del proceso es que, una vez realizada la admisión a trámite, la persona solicitante queda totalmente habilitada para trabajar legalmente, pudiéndose tramitar el alta en la Seguridad Social con total acceso a la asistencia sanitaria.

Desde el punto de vista empresarial, este proceso tiene un impacto de carácter directo y significativo. Se abre la puerta a que muchas empresas puedan contratar legalmente a trabajadores que ya venían desarrollando su actividad dentro de la economía sumergida y de forma irregular, especialmente en sectores con escasez de mano de obra como la agricultura, la hostelería, o la construcción. La regularización de estos trabajadores permite reducir el riesgo de sanción, mejorar las condiciones laborales, incrementar las cotizaciones sociales y reforzar la seguridad jurídica en las relaciones laborales.

En este contexto, resulta especialmente importante que tanto las personas que quieran regularizar su situación como las empresas interesadas en nuevas contrataciones cuenten con asesoramiento jurídico especializado. Se trata de un procedimiento de carácter extraordinario, con plazos cerrados, requisitos específicos y un marco jurídico en constante evolución, en el que una planificación adecuada y el cumplimiento estricto de la normativa resultan esenciales.

Esta regularización extraordinaria aprobada supone un gran cambio en el ámbito migratorio y laboral en España. Su desarrollo y la eventual resolución judicial marcarán un antes y un después tanto para miles de personas como para el sector empresarial, que deberá afrontar este nuevo escenario con la suficiente información, responsabilidad y seguridad jurídica.