Se podrán acoger a esta nueva figura todas aquellas compañías que generan un beneficio social y ambiental, además de un retorno económico.

A partir del 19 de octubre de 2022, con la entrada en vigor de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se ha incluido en el panorama societario español un nuevo tipo de empresa, o más bien de calificativo específico para las sociedades que cumplan con un compromiso de sostenibilidad. Se trata de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Son empresas en las que, además de una rentabilidad económica, se busca un beneficio social y ambiental.

Disposición adicional décima
Reconocimiento de las Sociedades de Beneficio e Interés Común. Se reconoce la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común, como aquellas sociedades de capital que, voluntariamente, decidan recoger en sus estatutos:

• Su compromiso con la generación explícita de impacto positivo a nivel social y medio ambiental a través de su actividad.
• Su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, quedando sujetas a verificación externa que garantice su desempeño en los mencionados objetivos sociales; y medioambientales, y la toma en consideración de los grupos de interés relevantes en sus decisiones.
• Mediante desarrollo reglamentario se contemplará la metodología de validación de esta nueva figura empresarial, que se someterá a estándares de máxima exigencia.

Con esta denominación se reconoce e identifica legalmente a aquellas empresas que alcancen los estándares más exigentes en materia social, ambiental, de transparencia y de buen gobierno corporativo, en línea con lo establecido en la Agenda 2030, que establece un horizonte de transformación común para cambiar el modelo productivo hacia uno más respetuoso con las personas y con el planeta.

Las SBIC pueden ser reconocidas e identificadas “porque generan un triple impacto positivo: ambiental, social y económico”, lo que les proporciona “mayor confianza, mejores relaciones y más atractivo a la hora de invitar a más personas a participar en esta visión”.

Para acogerse a este nuevo régimen, las sociedades deberán recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de impacto positivo en personas y medio ambiente, asumir mayores niveles de transparencia y una mayor verificación externa para asegurar los compromisos y objetivos ESG.

Según el manifiesto que ha impulsado esta iniciativa legislativa, el reconocimiento como empresa socialmente sostenible debe basarse en:

1. Propósito de beneficio social y ambiental. Reconocer el propósito de generar un beneficio social y/o ambiental concreto para la sociedad e incorporarlo en los estatutos sociales para blindar y proteger la misión de la compañía, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de elegir un problema social y ambiental de carácter público que pueda ser resuelto a través de la actividad privada.
2. Desempeño y gestión de triple impacto. Cumplir con elevados estándares sociales, ambientales y comunitarios a lo largo del tiempo y estar comprometido con la consecución de objetivos sociales y ambientales en las operaciones y modelo de negocio empresarial.
3. Transparencia y gobernanza. Someterse a mayores niveles de transparencia mediante la publicación de un informe de triple impacto, que permita conocer el grado de seguimiento, mejora y transformación de la compañía hacia estándares de sostenibilidad.
4. Rendición de cuentas. Ampliación de la responsabilidad fiduciaria y protección de los administradores, que deben velar no sólo por rendir cuentas sobre los resultados económicos de la empresa, sino también sobre el cumplimiento de su propósito social y contribución a la generación de un impacto positivo en la sociedad.

Deberán demostrar mediante auditorias y de manera transparente su desempeño en las tres áreas de propósito.

¿Qué ha supuesto esta ley en otros países?
Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Italia ya han resuelto el desarrollo de las empresas con “propósito” a través de la creación de una forma legal específica para ellas. Promover a nivel jurídico un modelo empresarial sostenible e inclusivo es fundamental para garantizar una reconstrucción económica justa, alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la Comisión Europea (55% en 2030) y dar un impulso sistémico a esa Agenda común (2030).

En el caso de Francia, la llamada enterprise à mission se distingue por tener un organismo dentro de la empresa que supervisa la ejecución de su razón de ser o propósito y un organismo externo que verifica la ejecución de estos objetivos. Desde la publicación de la Ley en 2019, 204 empresas han adoptado el estatus de enterprise à mission hasta junio de 2021, habiéndose cuadruplicado este número en el último año. Entre las empresas cotizadas en bolsa (CAC40), el 75% han desarrollado este propósito, entre ellas Danone, Carrefour, Atos, Engie, EDF u Orange.

Por su parte, en Italia, desde marzo de 2022, ya se habían registrado 1922 empresas reconocidas como Società Benefit. En este país, la ley está vigente desde 2016, y ya ha experimentado un crecimiento del 43% respecto a septiembre de 2021. “En el marco italiano, este dato se alcanza en un periodo donde a nivel estatal se ha producido una reducción del 8,3% en el registro de nuevas empresas. Es decir, mientras el emprendimiento se frena en Italia, la creación de empresas Società Benefit se acelera.