El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado, el 23 de marzo de 2026, el proyecto de real decreto que modifica el RD 39/1997 para regular la prevención de riesgos en los servicios de ayuda a domicilio.

Este texto responde a la nulidad declarada por el Tribunal Supremo de disposiciones anteriores (como el RD 893/2024) y aborda la vulnerabilidad de un sector clave para las pymes, con elevados índices de siniestralidad derivados de riesgos ergonómicos, psicosociales y biológicos en entornos domésticos. El proyecto puede consultarse en este enlace, donde se detallan las especialidades preventivas para empresas y administraciones públicas que prestan servicios de atención a la dependencia, de acuerdo con la Ley 39/2006, así como actuaciones de respiro familiar y de protección de menores.

Llega tras procesos de consulta previa (como el de noviembre-diciembre de 2025) y se alinea con la LPRL (Ley 31/1995). La entrada en vigor está prevista para el 1 de julio de 2026. El texto incorpora una disposición adicional al RD 39/1997 que obliga a realizar una evaluación completa de los riesgos por domicilio, con visita presencial acreditada. Esta evaluación debe tener en cuenta las características físicas de la vivienda (art. 4.7 LPRL), así como los riesgos ergonómicos (movilizaciones y posturas), psicosociales (violencia, acoso y trabajo en solitario) y químicos o biológicos. Las empresas deberán adoptar medidas técnicas y organizativas —como ayudas para los traslados, refuerzo de personal, equipos de protección individual (EPI) y protocolos específicos contra la violencia adaptados— con el consentimiento previo para modificaciones en el domicilio y con un control periódico, informando a la representación legal de las personas trabajadoras.

Las pequeñas empresas, principales prestadoras de estos servicios, deberán invertir en visitas presenciales por domicilio, en protocolos específicos contra agresiones (incluido el acoso sexual) y en mecanismos de comunicación eficaces para la revisión de los riesgos, con el fin de evitar posibles sanciones de la Inspección de Trabajo en un sector con una siniestralidad elevada. Este proyecto supone un paso adelante en la protección de las personas trabajadoras en entornos no convencionales, complementa las reformas en prevención de riesgos laborales y refuerza los aspectos sancionadores que deben tenerse en cuenta.

Pueden presentar enmiendas para adaptar el proyecto a las realidades operativas directamente a través de este enlace

Plazo: 15 de abril a las 23 h.