La potestad sancionadora de la Administración está sujeta a unos principios y garantías para que la Administración ejerza su poder de forma objetiva y con sumisión plena a la Ley y al Derecho.

El procedimiento administrativo sancionador es la sucesión de actos a través de los cuales la Administración pone en marcha y ejerce su potestad sancionadora.

¿Qué derechos tiene el ciudadano frente al procedimiento sancionador?

1. Ser informado de los hechos que se le imputan, las infracciones que estos hechos puedan constituir y las sanciones que, por estas infracciones, puedan imponerse.
2. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación del procedimiento, obteniendo copias de los documentos que contenga el expediente administrativo.
3. Conocer la identidad del instructor del procedimiento, así como de la autoridad competente para imponer la sanción y norma que le atribuye esta competencia.
4. Obtener copia sellada de todos los documentos que se presenten y pedir su devolución.
5. Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Estos documentos y alegaciones deben ser tenidos en cuenta por el órgano administrativo al redactar la resolución.
6. Obtener información y orientación sobre los requisitos de las solicitudes que deseamos formular así como acceder a los registros y archivos de las Administraciones Públicas.
7. Derecho a no ser sancionado si no es responsable de la infracción.
8. Derecho a que se observe una proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
9. Exigir responsabilidades a las Administración Pública ya sus funcionarios.

Si Usted entiende que le podrían haber vulnerado alguno de estos derechos y necesita asesoramiento sobre esta cuestión, contacte con nosotros y le ayudaremos.

Sonia Núñez González
Abogada del Departamento de Derecho Público de Cudós Consultors