La Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (art. 31 de la LJCA) prevé la posibilidad de articular una pretensión principal de anulación de un acto o inactividad con una pretensión accesoria de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas adecuadas para el pleno resarcimiento de la misma, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios.

Asimismo, la Ley 40/2015 en sus artículos 32 y siguientes regulan la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, institución que debe relacionarse con la indemnización antes mencionada.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2015 reconoce expresamente una indemnización económica a raíz de la anulación de un acto administrativo dictado por un Ayuntamiento. En el caso analizado en la sentencia, se anuló por parte del Tribunal Superior de Justicia la autorización de apertura de una sala de bingo. En virtud de esta revocación, una empresa competidora dedicada a la misma actividad solicitó una indemnización económica por el tiempo que el establecimiento estuvo abierto fruto de la autorización que posteriormente fue revocada.

El Tribunal Supremo estima la indemnización de daños y perjuicios atendiendo al daño ocasionado (en este caso, cesante lucro). El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia de un hecho determinado, y que ésta no se debería producido si el evento pernicioso no hubiera tenido lugar.

La sentencia apunta a que la existencia de ese nuevo “bingo” incidió negativamente en la facturación de quienes estaban en funcionamiento con anterioridad. Si la nueva empresa obtuvo un beneficio del tiempo en el que se mantuvo abierto el establecimiento, resulta indiscutible que los competidores sufrieron una pérdida durante ese plazo, pérdida imputable a la decisión administrativa de otorgar una autorización que resultó contraria a derecho (funcionamiento anormal de la administración).

Con todo, recuerde que en caso de que quieran solicitar una indemnización por daños y perjuicios por la actuación de una administración pública pueden dirigirse a los abogados/as de Cudós Consultors, ya que les asesoraremos con la máxima seguridad y garantía para para iniciar los trámites correspondientes.

Elisa Estrada Villas
Abogada del Departamento de Derecho Público de Cudós Consultors